Salamanca es literalmente la capital de la anarquía, el paraíso del delito y de la impunidad. Es en donde sus habitantes se resignan a vivir con temor a no volver a casa por ser secuestrados o asesinados. La mayor parte de los guanajuatenses teme incluso pasar por Salamanca, porque es ya el municipio más peligroso del sangriento Guanajuato.
Atrás quedaron las matanzas en los Apaseos, Pénjamo, Yuriria y Silao. Y aunque aún Irapuato y León tienen altos niveles de violencia, y que Celaya sigue siendo un verdadero agujero, Salamanca se lleva las marchas fúnebres.
No solamente es la masacre de La Playa, perpetrada el pasado 8 de marzo, en donde murieron 18 personas, entre empleados del centro nocturno y clientes. Al momento, la Fiscalía General del Estado no ha logrado dilucidar qué fue lo que ocurrió.
El 30 de marzo fueron masacradas otras cuatro personas en una casa y cabe recordar que, el 13 de abril pasado, la Cruz Roja en Salamanca cerró sus puertas y sus servicios al público, luego de que sus integrantes fueran amenazados de muerte por el crimen organizado.
Las cifras son reveladoras. Hasta el 15 de mayo, Salamanca tenía 18 ejecuciones.
El municipio de Salamanca registró 67 homicidios dolosos durante el mes de marzo y todo el territorio guanajuatense consignó 248.
El mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública asentó que en el mismo municipio petrolero fueron perpetrados 26 homicidios dolosos en abril de 2019, cuando todo el estado de Guanajuato tuvo 236.
En febrero tuvo 61 y en enero de 2019 Salamanca registró 39 muertes.
En 2018, Salamanca reportó 375 asesinatos, por 386 de León. Sin embargo, Salamanca tiene 300 mil habitantes, contra casi 2 millones de personas que alberga la capital zapatera.
Así pues, este año 2019 y hasta el pasado 14 de mayo, Salamanca ha registrado 206 homicidios dolosos.
Curiosamente, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta solamente un delito que atenta contra la libertad personal en todo Guanajuato a lo largo de 2019. La realidad es que la gente en Salamanca teme ser secuestrada, raptada, abducida o levantada. Todos sinónimos de la privación ilegal de la libertad.
El pasado sábado 30 de marzo, pasadas las 23:00 horas, en el puesto de hamburguesas Winnie’s Burguer fueron secuestradas dos empleadas, identificadas como Jéssica y Abigail.
El video de la cámara de seguridad muestra cómo dos hombres, uno de ellos armado, llegan al carro de comida rápida y se llevan a las mujeres. El negocio operaba entre las calles Cazadora y avenida del Trabajo en la colonia San Roque. Hoy está cerrado.
Al día siguiente, otra mujer fue raptada en un hotel. De ninguna se sabe nada.
Hace apenas unos días, Jimena, de 25 años de edad, llegó a una paletería sobre la avenida Faja de Oro. La joven bajó de su automóvil y notó que un automóvil VW Jetta, color gris, se estacionó a unos metros. A bordo iban dos sujetos.
Jimena compró un helado y ahí mismo lo degustó. Eran las 19:00 horas. Había luz del sol y tráfico. Al momento de abordar su vehículo, la muchacha notó que los hombres encendieron el motor del Jetta. Ella arrancó y comenzó a circular. Los sujetos la seguían. Desde su teléfono celular llamó a una amiga suya, quien le aconsejó que se dirigiera a la Estación de Bomberos y entrara pidiendo protección. Y así lo hizo. Pero los presuntos delincuentes estacionaron su auto exactamente afuera de la Central de Bomberos, a un lado de la Cruz Roja, desafiando a los traga humo. Al momento de llegar la policía estatal, los hombres se habían marchado. Jimena se fue de Salamanca, al menos por un tiempo.
Otro tema pendiente es el del grupo de jóvenes desaparecidos en la comunidad salmantina de Cerro Gordo, entre ellos dos menores de edad.
Excélsior publicó el caso el martes 23 de agosto de 2016, luego de que unas 200 personas bloquearan la autopista Irapuato–Querétaro, exigiendo la aparición con vida de los habitantes de esa población rural.
Y es que días antes, siete jóvenes fueron secuestrados en Cerro Gordo, zona que es atravesada por la carretera que lleva de Salamanca a Juventino Rosas, alrededor de las 19:00 horas, mientras convivían en un local de reparación de llantas, conocido como La Oficina. Entre los abducidos estaban dos personas menores de 16 y 17 años de edad. A la fecha, el entonces procurador de Justicia y hoy fiscal general, Carlos Zamarripa, no ha podido dar razón del asunto.
La delincuencia ha afectado severamente a la inversión privada en Salamanca y aunque las autoridades no lo reconocen, empresarios y sindicatos ya lo han denunciado.
Al menos 50 negocios han cerrado en lo que va del año, incluyendo restaurantes, de acuerdo con las cámaras empresariales.
El presidente de la Asociación de Hoteleros, Luis Ángel Camacho, denunció que la ocupación se desplomó en 35% en el primer trimestre 2019. Según el empresario, en Salamanca hay mil 200 habitaciones de hotel y de no ser por la ocupación hotelera de los elementos de la Policía Federal y del Ejército mexicano, el sector estaría en quiebra. Incluso, los japoneses que habían llegado a Salamanca se han marchado. La mayor parte de ellos se trasladó a Irapuato, otros a León.
Para el líder regional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Muñoz Mosqueda, ya no llegará más inversión privada a Salamanca. Y muchas empresas se trasladarán a León, o bien, a otras ciudades en otras entidades federativas.
El líder vitalicio del sindicato perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México CTM, fue alcanzado por al menos un vehículo de donde le dispararon, en torno de las 14 horas de este sábado.
A todo esto, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPEG) imparten capacitaciones a comerciantes fijos y ambulantes, de la zona centro y del boulevard Faja de Oro, a fin de evitar extorsiones y cobros de derecho de piso.
El gobierno de Salamanca está hundido en la confusión y la corrupción, toda vez que ha dejado de lado el tema ambiental y el nepotismo ha permeado en la administración municipal, legado también de anteriores administraciones.
Enrique Prieto Ortega, tío del diputado local de Morena, Ernesto Prieto Junior, y hermano del titular de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, es el director de Enlace Rural.
El tesorero del Sistema Municipal de Agua Potable de Salamanca, Manuel González, quien también fue alcalde de Salamanca y es amigo de la actual presidenta municipal, tiene a sus tres hijos viviendo del erario. Laura González Muro es la directora de Desarrollo Institucional. Juan Manuel González Muro, es el director de Enlace Urbano. Y Juan Carlos González Muro, es regidor, y no por Morena, sino por Acción Nacional.
Con un interés diferente, probablemente por ser del orden público, ha quedado de lado todo esfuerzo por solucionar el problema de contaminación que desde hace años golpea a Salamanca.
En el olvido quedó el Plan Salamanca. Fue el 31 de Octubre de 2018 cuando se habló por útima vez del tema. Impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Plan Salamanca tenía por objetivo oficial “mejorar las condiciones ambientales de Salamanca en beneficio de la población”.
En el Plan Salamanca se invirtieron 165 mil 232 millones de pesos entre Pemex, CFE, y la misma Semarnat. Participaban Salamanca y también el gobierno de Guanajuato.
El Plan Salamanca también contempla la remediación de los terrenos contaminados por la empresa Tekchem, cuyos pastizales se incendiaron la semana pasada y ocasionaron daños en la población dados los niveles de azufre y otros químicos que aún yacen ahí, en abandono, desde hace más de 10 años.
El periodo de atención terminaba en octubre de 2018, pero tanto el municipio, como el Estado y el gobierno federal ya no le dieron seguimiento.
La contaminación con desechos químicos en el Cerro de la Cruz tampoco ha sido remediada. La empresa Quidesa arrojó ahí los contaminantes hace también una década. Por cierto, el responsable del ecocidio es el mismo tesorero del Sistema Municipal de Agua Potable de Salamanca, el panista Manuel González, otrora dueño de la empresa contaminante.
El gobierno municipal de Salamanca también ha olvidado la intensa contaminación del Río Lerma, el cual hace una semana mostró manchas negras en sus aguas.
La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, se niega a las entrevistas. A través de su titular de Comunicación Social, Marycarmen Yáñez, Excélsior ha buscado a la edil, pero ella se apura a responder que es una persona muy ocupada: “Luego te buscamos”.
Apenas el pasado 14 de Mayo, la alcaldesa Beatriz Hernández fue entrevistada vía telefónica por el periodista Pascal Beltrán del Río para su noticiario en Imagen Radio.
Beatriz Hernández le dijo al periodista que no había aumentado su seguridad, luego de haber sido amenazada a través de una narco- manta. Pero la expanista y ahora representante de Morena, cuenta ahora con al menos 10 escoltas, cuando solamente tenía tres.
Además hasta hace un mes, y luego de la masacre de La Playa, en donde murieron acribilladas 18 personas, la presidenta municipal dejó de pelear con el gobierno del estado para unificar criterios en seguridad. Y aunque tampoco se han notado los avances, al menos hay ya una sola línea de trabajo. Sin embargo a ésta, no termina de sumarse la fuerza del gobierno federal, que es poco visible en la ciudad petrolera.
Por su parte el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha recalcado que el robo de combustible ha sido el detonante de la violencia en la entidad, básicamente los homicidios dolosos por sobre el resto de delitos, y recordó que Salamanca es el centro de esa violencia, toda vez que ahí yace la Refinería de Pemex Ing. Antonio M. Amor.
“No está generalizado en todo el estado, en puntos muy específicos (Salamanca) y ya estamos trabajando una estrategia coordinada con el gobierno federal para estar dando ya golpes muy certeros sobre los grupos delincuenciales”, aseveró el funcionario.
Salamanca es un punto clave de la zona centro del país para la producción, recepción y distribución de combustibles, de ahí la importancia que el municipio esté controlado por autoridades locales y federales.
En enero pasado, la Defensa Nacional reconoció que encontró un paquete de explosivos que estaban afuera de la refinería de Salamanca.
Fuente: Excélsior
